El intendente de Melincué, Gabriel Rébora, fue suspendido por cinco meses y obligado a pagar una multa de 10 mil pesos por haber habilitado un prostíbulo en su distrito, según dictaminó en primera instancia el juez Gastón Jáuregui.

Rébora, que accedió a su cargo en la lista del FPV, sigue ejerciendo hasta tanto el fallo no esté firme ya que la defensa tiene la posibilidad de apelación, cosa que sucederá según avisó el propio alcalde.

"No tengo ningún tipo de drama si me tengo que ir de la comuna, pero estoy con mi conciencia tranquila y junto a mi abogado vamos a apelar la condena porque consideramos que no es justa", dijo Rébora.

Rébora había sido procesado en mayo de 2014 por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de una causa que se había iniciado en julio de 2012 por el prostíbulo “Escorpio", que funcionaba en las afueras de la localidad y que, según el fiscal de aquel momento, Jorge Pozzi, no tendría que haber tenido la habilitación comunal.

El presidente comunal había dicho en 2014 que era víctima de una persecución política y personal por parte de la Fiscalía de Cámara con asiento en Venado Tuerto, según publicó el diario La Capital. Así fue como que en su momento apeló ese procesamiento.

En su apelación, el intendente había acusado a Fernando Palmolelli, Fiscal de Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, de quien dijo lo unía una buena relación “en épocas en el que era fiscal en Melincué. Incluso comía en mi casa. Después tuvimos cuestiones personales que ahora no vienen al caso ventilarlas, pero en su momento las diré”.

En 2012 la Justicia allanó el bar Escorpio para investigar si allí había trata de personas.

Luego, el Juzgado Federal de Rosario a cargo de Marcelo Bailaque, que investigaba en forma paralela por eventual infracción a la ley de trata, verificó que en el lugar se ejercía la prostitución. En ese marco, Gendarmería Nacional realizó diversas escuchas telefónicas que comprobarían el presunto vínculo entre Rébora y los propietarios del local, según reconstruyó el citado diario.

Posteriormente, el 19 de mayo del 2014, la jueza Silvina Marinucci fue quien definió el procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público y luego esa misma magistrada rechazó la apelación y la Fiscalía comenzó a formular la acusación.

De esta forma, la causa pasó a manos del juez de Instrucción de Venado Tuerto, Gastón Jáuregui, quien basado en las pruebas recolectadas por la Fiscalía determinó en los últimos días la sentencia de inhabilitación por cinco meses para ejercer cargos públicos y una multa de 10 mil pesos para el mandatario comunal.